POR JUAN IGNACIO ZINGONI

 

El lunes 14 de octubre, el Tribunal Supremo Español condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a nueve líderes catalanes que impulsaron el proceso independentista de 2017. Ese mismo día, dentro del territorio catalán (donde viven 7,5 millones de personas), miles de manifestantes bloquearon las rutas que conducen al aeropuerto de El Prat de Barcelona. Más de 100 vuelos fueron cancelados y muchos de los manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios en los edificios de la terminal. Los participantes de la marcha consideran injusto “el procés”, como se le llama al juicio contra los independentistas y demandan una solución política y no judicial a la crisis catalana.

 

Las concentraciones continuaron durante cinco días con decenas de miles de independentistas en Catalunya cortando importantes vías de tren y avenidas. En algunos momentos las protestas se pusieron violentas, y el centro de Barcelona, como ocurrió en otras ciudades catalanas, se convirtió en escenario de una batalla campal con barricadas y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad: 600 heridos durante la semana de disturbios, mayoritariamente en Barcelona. Entre los enfrentamientos, se destacó el caso de un hombre acusado de intento de homicidio por lanzar un fuego artificial a un helicóptero de los Mossos (como se le llama a la policía catalana); fue llevado a prisión y liberado este miércoles bajo libertad condicional. Pese a las contables situaciones de violencia, también hubo decenas de miles de catalanes que expresaron pacíficamente su disconformidad en el espacio público.

 

 

¿Qué dicen los bloques políticos de España? La mayoría de partidos españoles, incluidos el gobernante Partido Socialista y el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular, mostraron su respeto al fallo contra los independentistas. Por otro lado, al partido ultraderechista Vox le pareció insuficiente y anunció que presentará un recurso para que se tomen medidas más graves contra los acusados y la región catalana, como “la suspensión de las libertades fundamentales en la comunidad autónoma”, un instrumento represivo que solía ser utilizado con frecuencia por la dictadura. 

 

Desde el partido «Podemos» se pretende situar los temas sociales en el centro del debate político para contrarrestar la hegemonía del conflicto catalán durante la precampaña. Pablo Iglesias, líder de dicho partido, se ha manifestado: «Nadie entiende que el presidente de España y el líder de Catalunya no hablen. Es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Uno tiene que ganarse el sueldo y hablar con gente que no quiere hablar».

 

 

El gobierno regional catalán es dirigido por Quim Torra, luego del exilio de Carles Puidgemont a Bélgica para evitar la prisión. Carles fue uno de los grandes impulsores del referéndum por la independencia de catalunya por el año 2017 y, al igual que sus colegas que fueron sentenciados hace unas semanas, él hubiera sido acusado por traición a la patria. «Tenemos que hacer esto de una manera pacífica. Esa es la única forma en que los catalanes tienen que avanzar hacia la independencia, la única», expresó Torra tras uno de los tantos disturbios que se produjeron hace dos semanas.

 

El mundo empresarial catalán exige a los gobiernos, tanto el español como el catalán —y a todos los partidos, en realidad—, que recuperen la relación institucional y que dejen de lado «los intereses electoralistas» para llegar a acuerdos que permitan mantener la «paz social». Ya que mencionan “intereses electoralistas”: algo para tener en cuenta sobre el contexto es que el próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales en España por los escaños en el Congreso (bancas de diputados y senadores). Esto es relevante ya que a diferencia de Argentina, España posee un sistema parlamentarista, es decir que el presidente es designado por los congresistas. Sin embargo, según las encuestas, el oficialismo de Pedro Sánchez tendría un desgaste de 6 puntos con respecto a las últimas elecciones de abril pasado y achicaría la brecha que mantiene con el Partido Popular, el cual se estaría proclamando como el principal partido opositor.

 

La situación da lugar a la idea de llevar a cabo el famoso “referéndum” por la autonomía de Cataluña. El argumento del gobierno español que se sostiene hasta hoy en día es que simplemente la constitución del país (elaborada tres años después de la dictadura de Franco) prohíbe este tipo de votación y, por lo tanto, es ilegal. Por otro lado, están los que sostienen que la sociedad cambió lo suficiente como para reformular la constitución que lleva 40 años de existencia y tiene el trauma de la dictadura inscripta.  

 

 

¿De dónde viene este quilombo?

 

«Se podría decir que desde el siglo XI-XII hasta principios del siglo XVIII Cataluña fue un Estado, entendiendo lo que era un Estado independiente en aquel momento», afirma el abogado e historiador Josep Cruanyes de la BBC Mundo. Hay quienes sostienen que Cataluña fue un país independiente porque poseía un parlamento propio, un sistema jurídico propio y un código comercial propio que fue copiado por todo el mundo mediterráneo. Sin embargo, están quienes piensan lo contrario: “Los estados-nación solo existen, desde mi punto de vista, a partir de finales del siglo XVIII, cuando el titular de la soberanía pasa a ser el conjunto de los ciudadanos con derechos que son iguales ante la ley y deja de ser el rey el fundamento de la legitimidad política», expresa Xosé Manoel Núñez Seixas, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

 

 

¿Por qué quieren la independencia? No hay una sola razón por la cual un sector de la población catalana desee esto. Si bien hace diez años el sentimiento de autonomía crece exponencialmente, desde hace casi un milenio que es tema de agenda. 

 

1 – Hay quienes piensan que por cuestiones históricas, lingüísticas y culturales, Cataluña tiene derecho a convertirse en un Estado-nación soberano (tiene su propio gobierno regional, su propio parlamento local, bandera e himno, idioma propio y su propia fuerza policial). 

 

2 – Están también los que afirman que por ser el territorio más fuerte dentro de la economía española, Cataluña está en condiciones de autonomizar su gobierno. 

 

3 – Otro de los motivos para que haya independentistas es la posibilidad de que algunos partidos catalanes —que nunca fueron independentistas— se hayan aferrado a la idea de autonomía en un momento de crisis política para reforzar su imagen dentro de la sociedad. 

 

Lo seguro es que el gobierno nacional español, asentado en la capital de Madrid, nunca supo gestionar este problema social que repercute en la vida de millones de personas desde que tienen uso de razón. 

¿Un problema feudal?

 

El Rey de España, Felipe VI se encuentra hoy en día en una situación similar a la de su ancestro, Felipe V, por los comienzos del siglo XVIII: ambos se enfrentan a la oposición catalana. Una vez terminada la guerra de sucesión en España allá por 1714, el Rey Felipe ordenó abolir el idioma catalán y sus respectivas instituciones; sin embargo, pese al fuerte intento, la cultura no murió, sino todo lo contrario, sobrevivió al tiempo y en el último siglo se hizo cada vez más fuerte. 

 

 

En el lustro anterior, Cataluña consiguió sus mayores libertades con la proclamación de la Segunda República de España y la peor represión, con la dictadura de Franco. Una vez muerto el dictador se concibió una nueva constitución, que se mantuvo hasta el día de hoy y la cual es en parte criticada porque le adjudica al Estado nacional la capacidad de redistribuir las riquezas de las 17 comunidades a su antojo: parte de la población catalana afirma que esta distribución le perjudica en muchas ocasiones al ser el sector más productivo: muchas veces reciben menos de lo que proveen. 

 

En 2006, se propuso un estatuto catalán (una suerte de constitución propia) que establecía una modificación al sistema de distribución económica del cual se venían quejando. En un inicio, y después de un tire y afloje político, todo parecía mostrar que dicho estatuto iba a ser aprobado por el gobierno nacional, sin embargo, el ejecutivo terminaría recortando la propuesta, dejándola casi igual a como estaba antes; a los catalanes no les gustó nada esto. 2010 arrancaría con todo: manifestaciones, crecimiento de la desigualdad, crisis económica, destape de casos de corrupción en toda España y recorte de servicios públicos. Esta situación, sumada a varias manifestaciones unitarias en contra de los catalanes, hace que la idea independentista cobre cada vez más fuerza entre la población. La idea del “borrón y cuenta nueva” para crear un país más justo, fuera de la contaminación corrupta e injusta de España se esparce por los 7.5 millones de personas que viven en el sector de Cataluña.

 

 

POR: JUAN  IGNACIO ZINGONI / SENDERO ELEGANTE

VIDEO: JUAN MANUEL CAFFERATA