LAS VENAS SIGUEN ABIERTAS

POR FRANCO PÉREZ

 

Los resultados de la última elección, que consagraron como presidente a Alberto Fernández y demostraron un rechazo a la política de ajuste encarnada por Mauricio Macri, no son un fenómeno exclusivo de estas tierras. Hoy Latinoamérica está en una situación que merece análisis profundos, en lugar de conjeturas simplistas o noticias falsas, como la que plantea que las movilizaciones masivas en la región son producto de una injerencia cubano-venezolana. De los miles de detenidos que hubo en Chile y en Ecuador en los últimos meses, por ejemplo, no se destacaron infiltrados de esas nacionalidades. Aunque los datos demostraban lo contrario, las pantallas de miles de celulares y computadoras serían víctimas de la renombrada posverdad: por distintas redes sociales circuló una imagen donde se ve a siete hombres detenidos junto al siguiente texto: “Detienen a 60 venezolanos durante saqueos y disturbios en #Chile, entre ellos a 6 funcionarios del SEBIN (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela), los cuales portaban armamento tipo pistolas, credenciales del organismo y credenciales diplomáticos”. 

 

Sería el sitio web Chequeado, que investiga la veracidad de discursos y de distintas publicaciones, el que comprobaría la falsedad del montaje: “Es falso: la imagen fue tomada en Honduras en 2018. (…) Fue compartida más de 4500 veces en Facebook  y en Twitter tuvo casi 6 mil retuits y entre los usuarios de WhatsApp”; algunos de ellos alertaron a la organización para que confirme la veracidad de esa noticia. 

 

Con el objetivo de relacionar los conflictos en Chile a una injerencia venezolana, esta imagen se compartió más de 10 mil veces en distintas redes; sin embargo, se confirmó que es un montaje falso, ya que se trata de una imagen tomada en Honduras, en 2018. ¿Cuántos de los que compartieron esta publicación supieron que se trataba de una mentira?
 
En Chile, tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera de incrementar el precio del metro (que hoy equivale a unos 70 pesos argentinos, aproximadamente), se desataron protestas, inicialmente de estudiantes, pero que con el correr de los días cobrarían mayor volúmen, al punto de producir el pasado 25 de octubre la marcha más grande en la historia de ese país, con más de un millón de personas en las calles. Además de los reclamos por la situación económica, la represión feroz de los carabineros fue uno de los detonantes para que las manifestaciones se convirtieran en multitudinarias. 

 

“El metro es como nuestra sociedad: mejoramos las condiciones de vida, pero no la calidad de vida. Y son mejoras que en Chile, en general, han estado a cargo de las espaldas de las personas. Entonces, claro, Chile está mucho mejor, pero no tienes tiempo para tus hijos, tienes que trabajar todo el tiempo, estás endeudado, estudias y no tienes dónde ejercer, es una permanente contradicción. Son mejores condiciones, en general, pero no mejor calidad de vida. A la gente le gustan las condiciones del metro, pero no le gusta lo que todo eso ha implicado para su calidad de vida y se preguntan `¿tenemos que pagar un precio tan alto por lo que tenemos?´. Los salarios no han aumentado, el endeudamiento es muy alto, y no es un endeudamiento de consumo de lujo, sino para sobrevivir”, reflexionó en aquellos días de ebullición la psicóloga y doctora en estudios Kathya Araujo, autora de libros como Usos y abusos en la vida cotidiana en el Chile actual (2009) y El miedo a los subordinados (2016), sobre el autoritarismo político y social, que anticipaba los conflictos que aún faltan resolver en el país vecino.

 

Pero además de la insatisfacción por la situación económica, la necesidad de una nueva Constitución se convirtió en uno de los principales reclamos de las manifestaciones en Chile. La que se encuentra en vigencia se estableció en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y es criticada por vastos sectores de la sociedad. Ante la presión social, el gobierno de Piñera anunció el inicio del proceso a través de un Congreso Constituyente. «Para ello, también nosotros creemos que el mejor camino es trabajar sobre la base de un congreso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía y en segundo lugar, que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante, es la casa de todos y tiene que ser ratificada por la ciudadanía, para que pueda ser el nuevo cuerpo, la nueva casa que nos cobije por los próximos años», informó el domingo 10 de noviembre el ministro del Interior Gonzalo Blumel.

 

Una nueva Constitución, que nazca de un gobierno democrático, es un reclamo que se extendió por todo Chile. La que está en vigencia fue redactada durante la dictadura de Pinochet y es cuestionada por su flexibilidad, respecto a las responsabilidades del Estado en la provisión de servicios básicos, como salud y educación. El gobierno de Piñera propuso realizar un “Congreso constituyente” y llamar a un plebicito ratificatorio.
 
Si bien la Constitución chilena tuvo más de 200 cambios, según describió el presidente Piñera en un reportaje al diario El Mercurio, históricamente se reconocen dos modificaciones. La primera fue en 1989, cuando se derogó una parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas; y en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se realizó una reforma que terminó con los “senadores designados”, los cuales eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema.  «Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios. Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por lo tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen», analizó ante la BBC Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

 

Hasta el momento, los números oficiales alertaron por 24 muertos y más de 2.000 detenidos durante las protestas en Chile. Aunque desde distintos medios alternativos chilenos denuncian casos de torturas y hasta desapariciones de personas.

 

Ayer, tras casi un mes de protestas constantes, la Mesa Social, que reúne a más de 100 organizaciones sociales, como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios, mineros y de aeropuertos apoyó el llamado a huelga general. En esa misma jornada, el peso chileno se desplomó un 3,1 por ciento.  Piñera intentará calmar las aguas con la convocatoria hacia una nueva Constitución democrática. Pero parte del reclamo en las calles es, justamente, conseguir que la sociedad en su conjunto participe en esa discusión. El eje cambió a última hora de ayer, ya que como “el orden público ha sido vulnerado”, el presidente chileno anunció que aumentará el número de carabineros en las calles con intenciones de “reestablecerlo”. En lugar de calmarse, parece que las aguas seguirán turbias durante los próximos días del otro lado de la Cordillera.

 

Un golpe al corazón

 

Tras las elecciones realizadas el pasado 20 de octubre, el Tribunal Electoral (TSE) de Bolivia proclamó vencedor al hoy expresidente Evo Morales y, de ese modo, consiguió su reelección. Sin embargo, hubo una irregularidad que despertó sospechas. El día de la votación, el sistema de transmisión rápida de resultados fue suspendido abruptamente con un avance del 83%, cuando el resultado parcial apuntaba a una segunda vuelta, ya que Morales tenía el 45% y el opositor Carlos Mesa rondaba el 38%, lo que indicaba que habría un balotaje, debido a que la diferencia no era mayor al 10% y ningún candidato había alcanzado el 51% en primera vuelta. 23 horas después, el escrutinio fue reactivado al 95% de recuento y Morales alcanzó la diferencia necesaria para imponerse en la primera ronda. 

 

Desde ese momento, la tensión en Bolivia escaló al punto de enfrentamientos a mano limpia en distintas ciudades, barricadas, saqueos, cortes de calles y paros generales. Pero el acuartelamiento de la policía durante los primeros días de noviembre fue la gota que rebalsó el vaso en un país que llevaba tres semanas de una violencia insostenible.

Patricia Arce Guzmán, alcaldesa del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en una pequeña ciudad de Bolivia llamada Vinto, fue agredida por manifestantes que la arrastraron por las calles descalza, la bañaron con pintura roja y le cortaron el pelo. Los atacantes, que además asaltaron e incendiaron la alcaldía, se llevaron por la fuerza a la funcionaria y la retuvieron durante cuatro horas hasta que fue rescatada por la policía.
 
En ese contexto, que incluyó agresiones físicas a funcionarios y ataques a sus domicilios particulares, en la mañana del domingo 10 de noviembre, Evo Morales anunció la convocatoria de nuevas elecciones generales y la derogación de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, al que oposición y comités cívicos acusan de fraude electoral. Según él, su intención era «bajar toda la tensión» y «pacificar Bolivia», ya que, según datos de la Defensoría del Pueblo de ese país, los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente desde el día después de los comicios provocaron al menos ocho muertos y 384 heridos. Ese mismo domingo, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un documento donde afirmó que en las elecciones del 20 de octubre hubo una “clara manipulación que afectó tanto los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final”, y propuso volver a realizar «la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas, una nueva composición del órgano electoral». 

 

A los pocos minutos de la oficialización de ese informe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Willimas Kalima, dijo: “Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida y la seguridad de la población, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. Inmediatamente, también habló el comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón: “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”.  

 

“Acorralado”, titulaba algún medio con cierto regocijo. El “último momento” de los canales de noticias esta vez era verdad: se transmitían los últimos minutos de democracia en un país. No hubo vuelta atrás. Tras 14 años como presidente de Bolivia, Evo Morales pasó a integrar la lista de otros tantos mandatarios que fueron obligados a renunciar por las Fuerzas Armadas, en conjunto con parte de la oposición. «Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales. Pedimos que no maltraten al pueblo. Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados. Lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano», sostuvo en el momento en que comunicó su salida del gobierno. El golpe se había concretado. 72 horas después, salvo los gobiernos de Uruguay y Venezuela, ningún otro en la región consideró como un golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia.

 

El analista político internacional Atilio Borón afirmó a pocas horas de estos sucesos que “por más que se administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo, se garantice crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y microeconómicos, la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses”.  Según datos de la CEPAL, publicados en su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, el año pasado la pobreza extrema llegó al 15,2 por ciento en Bolivia, lo que significa una reducción de 23 puntos porcentuales en relación con el nivel del 38,2 por ciento registrado en 2005, cuando asumió Morales, e indica que este año la economía crecerá 3,5 por ciento, el mejor desempeño pronosticado para la región. No es casual que esos indicadores hayan comenzado a descender tras la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y mineros, el 1° de mayo de 2006. 

En su texto de renuncia, Evo Morales afirmó: «El primer Gobierno indígena termina hoy con mi renuncia obligada a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, producto de un golpe de Estado político, cívico y policial. (…) Hoy, los humildes, los trabajadores, los aymaras y quechuas e indígenas de tierras bajas empezamos el largo camino de la resistencia para defender los logros históricos del primer Gobierno indígena. Hoy, es el momento de la solidaridad entre nosotros y nosotras, mañana será el momento de la reorganización y el paso al frente en esta lucha que no termina con estos tristes sucesos. La consigna es resistir para mañana volver a luchar por la patria». Su mandato debía concluir el próximo 22 de enero.

Las primeras horas sin Evo

 

Desde ayer, Evo está exiliado en México. Ni bien bajó del avión, agradeció al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por salvarle la vida y denunció que en la tarde del sábado, un día antes de su renuncia, sus guardaespaldas recibieron una oferta de 50 mil dólares para entregarlo a las Fuerzas Armadas. Pero también dejó una advertencia: “Quiero decirles que mientras tenga vida, sigue la lucha. Mientras tenga la vida, seguimos en política”. Horas más tarde, en su país la discusión sobre quién ocuparía la presidencia vacía cobraba mayor tensión.

 

Como toda la línea sucesoria del MAS, el partido de Evo, renunció a las presidencias en las Cámaras de Diputados y Senadores por las amenazas que recibieron sobre posibles ataques a sus domicilios y familias, la mayor autoridad a cargo en el Estado era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores boliviana, la opositora Jeanine Áñez; sin embargo, nunca fue votada como nueva presidenta de la Cámara alta, cargo que debería haber ocupado antes de considerarse primera mandataria. El lunes posterior al golpe ya insinuó que podría asumir el mando “con el único objetivo de llamar a elecciones”.  Pero estaba ante un problema: sin diputados o senadores del Movimiento Al Socialismo, el Congreso no podría sesionar. Necesitaba la presencia de al menos 85 legisladores (19 senadores y 66 diputados) para que haya quórum. El MAS, de Evo Morales, tiene 25 senadores y 88 diputados, que hacen un total de 113 congresistas, frente a los 53 de la oposición. Desde distintos medios bolivianos aseguraban que para hacer efectiva la renuncia, deberían asistir 32 legisladores socialistas. Sin embargo, no fue ninguno.

 

Cerca de las 20 de ayer, Áñez se autoproclamó presidenta -sin la presencia de legisladores del MAS- bajo el argumento de que el artículo N°169 de la Constitución  habilita la «sucesión presidencial inmediata» ante la vacancia en la presidencia del Estado. Dio un discurso con una Biblia gigante en sus manos y gritó en su celebración: “¡Nuestra fuerza es Dios! ¡El poder es Dios! ¡Que Dios los bendiga!”. Y un canto que más de uno conocerá, pero con otro tiempo verbal: “¡Sí, se pudo! !Sí, se pudo!”. Al mismo tiempo, en las calles de La Paz se vivían escenas de represión y había numerosas protestas de seguidores del gobierno de Evo en distintos barrios. Durante la tarde, también sobrevolaron aviones de guerra en la ciudad.

 

Minutos después de conocida esta noticia, a través de su cuenta de Twitter (prácticamente el único medio que utilizó desde su renuncia), el depuesto Morales publicó: “Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha, golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía”. Y continuó: “Denuncio ante la comunidad internacional  que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la Constitución. Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por las Fuerzas Armadas y militares usadas por el golpe”.

 

¿Proscribirán al MAS? ¿Se volverá a presentar Evo o designará a otro candidato? ¿Por qué el gobierno argentino no reconoció el golpe? ¿Es legal la maniobra realizada por la oposición boliviana? Se abren muchas preguntas, pero algo queda claro: nada ni nadie garantiza que los próximos días sean más tranquilos que los que acaban de pasar.

 

Sin quórum de legisladores del MAS y con la Biblia en sus manos, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia. Según la Constitución boliviana, debería de llamar a elecciones en los próximos 90 días. Sin embargo, aún es incierta cuál será la reacción en las calles. 

 

 

La crisis ecuatoriana

 

Otra tierra con fuerte presencia originaria es Ecuador. Allí, los indígenas hoy representan al 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos y son uno de los sectores más castigados por la pobreza. Ellos fueron quienes protagonizaron buena parte de la rebelión social luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito por más de US$4.200 millones. A cambio, el presidente Lenín Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Por eso, anunció un “plan de austeridad”, que, entre otras medidas, incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador. Al implementarse estos aumentos, el galón de gasolina (casi 4 litros de combustible) pasó de costar US$1,85 a US$2,30 y el diesel se incrementó más del 120% (en dólares, ya que es la moneda oficial) en las estaciones de servicio ecuatorianas. Además del aumento en los precios de alimentos, provocó un alza en la tarifa del transporte público.

 

Desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre, hubo huelga general y manifestaciones en las calles de todo el país. Finalmente, por la creciente presión social, el gobierno de Moreno derogó el decreto que eliminaba esos subsidios. Pero el costo fue muy alto. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante esos días de paro y protestas hubo 11 muertos, 1340 heridos y 1192 detenidos.

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició acciones legales contra el Estado por «violar los derechos humanos contra representantes originarios» en las protestas. Por otro lado, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará si hubo violaciones a los derechos humanos a manos del gobierno de Lenín Moreno. Desde el 20 de octubre hasta el 8 de noviembre entrevistaron a cientos de personas sobre los hechos ocurridos en aquellos días. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, indicó que en diciembre se presentará un informe sobre las protestas de octubre en ese país.

Durante una de las manifestaciones en Quito, el fotógrafo David Díaz Arcos capturó una de las imágenes más llamativas para la Agencia Bloomberg. «Me habían dado un perdigón en la pierna y por eso me retiro y empiezo a subir por una calle, un poco cojeando; cuando estaba a media cuadra la vi a ella parada, tal cual está en la foto, ella no posó para la imagen», recordó el fotógrafo. Luego de tomar las imágenes, se acercó a conversar con la mujer porque quería repetir la foto, «pero no hubo cómo, porque lanzaron más gas y salimos corriendo, ahí nos perdimos y no la volví a ver».

 

Sin embargo, aunque el tema no se trate en los medios con la misma intensidad que en aquellos días, no quiere decir que no sucedan hechos importantes. El pasado 7 de noviembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) advirtió que podría retomar «la movilización a nivel nacional» si el gobierno ecuatoriano desestima la propuesta económica y social presentada por el movimiento indígena. La CONFENIAE es una de las tres organizaciones regionales que conforman la COANIE, que estuvo al frente de las manifestaciones de principios de octubre.

 

A la propuesta que se refieren es a la llamada «Alternativas al modelo económico», que entregó la organización madre a representantes de la oficina ONU y la Conferencia Episcopal, que actuaron como mediadores en el diálogo con el Gobierno. Allí, proponen:

 

-Incrementar a 4 % la meta de recaudación de Impuesto a la Renta a los 270 grupos económicos más ricos de Ecuador para lograr 1.233 millones de dólares extras en 2020. Además, la CONAIE propone un impuesto del 1 % a los activos de esta élite. 

-Reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 %, como está actualmente, al 10 %.

-Disminuir a un máximo de 4 % la tasa de interés para el crédito hipotecario.

-Crear un Fondo Colateral para garantizar el crédito agrícola para la economía campesina y microempresas.

-Respetar la prohibición de cultivos y semillas transgénicas.

-Fomentar el turismo ecológico, comunitario y cultural.

-Promover el uso de energía solar, eólica, geotérmica y micro centrales hidroeléctricas.

– Régimen especial para las comunas y comunidades, permitiéndoles ser proveedores de los mecanismos de compras públicas para programas de alimentos.

 

 
Desafío político. El dirigente Jaime Vargas es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (COANIE). Esa organización nuclea a la mayoría de los indígenas ecuatorianos. En un acto realizado durante la última semana, aseguró que su meta es conformar un partido político y “llegar a la Presidencia de la República del Ecuador en 2021”.

En las mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas, se acordó que se redactaría un nuevo decreto sobre los subsidios, pero desde la CONAIE decidieron terminar con su participación en esos encuentros, ya que consideran que hay una “persecución” contra ellos, debido a una denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado contra Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, por terrorismo; se lo investiga por hablar de formar un “propio ejército”. El dirigente minimizó las acusaciones ya que, según él, se lo ha sacado de contexto. Sin embargo, en un acto realizado el 10 de noviembre, planteó cuál es su próximo desafío: llegar a la presidencia. «Hay que sostener la unidad desde nuestras familias, desde nuestras comunidades y parroquias. Sostener esta unidad para llegar al poder en 2021, con trabajo colectivo, con los hermanos del campo y la ciudad, todos hay que llegar a la Presidencia de la República del Ecuador», propuso. ¿Lo lograrán?

 

Pastillitas

 

Brasil, verde militar: luego de las masivas protestas en Chile y Ecuador, el presidente Jair Bolsonaro advirtió que se preparan para el uso de las fuerzas militares en las calles brasileñas en caso de que se repliquen manifestaciones similares en su país: “Nos preparamos. Conversé con el ministro de Defensa (Fernando Azevedo e Silva) sobre la posibilidad de tener movimientos como los que hubo el pasado (N de R: se refiere a revueltas populares), y parecido con lo que está ocurriendo en Chile». También añadió que en caso de que se produzca algún tipo de desborde en las protestas, se aplicaría el artículo 142 de la Constitución, que hace referencia al «mantenimiento de la ley y el orden». 

 

Según él, “lo que está sucediendo actualmente en América del Sur son movimientos de izquierda que tratan de ganar poder. No podemos sorprendernos, tenemos que tener la capacidad de anticiparnos ante los problemas»

El presidente brasileño no descarta sumar a las fuerzas militares para contener protestas como las que hubo en Chile o Ecuador.

 

Marchas y contramarchas, en Venezuela: en julio de este año, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un documento de 18 páginas en el que detalla la grave situación que atraviesa el país caribeño: torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria e inacción del gobierno venezolano ante las denuncias. En las conclusiones de su informe, la funcionaria pidió disolver las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional venezolana, a las que le atribuye gran parte de las “5.287 muertes extrajudiciales”, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en 2018, y otras 1.569, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. Lo que suma un total de casi 7000 muertos.

 

En ese contexto, la tensión nunca termina en Venezuela. Este lunes, tras la felicitación de Trump a las Fuerzas Armadas bolivianas por derrocar a Evo Morales, donde insinuó que ahora “estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático”, Nicolás Maduro salió al cruce: “Ahora salen a aplaudir, a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo! Vamos al combate. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea». El próximo sábado 16 de noviembre, en Caracas habrá una manifestación de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, y el chavismo ya advirtió que habrá una contramarcha en repudio al golpe en Bolivia.

 

“Se siente el huracán democrático en América Latina”, publicó Guaidó en su Twitter, lo que recrudeció la tensión en su país. En declaraciones a la agencia EFE, el autoproclamado presidente venezolano también aseguró que la concreción de esa manifestación opositora significaría “una gran victoria, una gran demostración de calle, de fuerza política, versus lo que vamos a ver de la dictadura, que ya hoy, como ocurre en estos casos, convocaron una contramarcha con cualquier excusa. La excusa de hoy fue Evo. Pero ya puedo decir hoy y en los próximos días que no habrá nadie en la Avenida Bolívar (N de R: en referencia a una calle de Caracas)”. ¿Una amenaza o el anticipo de un “huracán democrático” que podría llegar a Venezuela?

El próximo sábado 16 de noviembre, habrá nuevamente marchas masivas de la oposición y del chavismo en Venezuela. La situación actual en América Latina, obliga a prestar suma atención a lo que pueda ocurrir en esa jornada.
 
¿Paro general en Colombia?: la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunció una jornada de protestas, movilizaciones y paro general “contra la reforma laboral y de pensiones (jubilaciones) que quiere llevar adelante el presidente colombiano Iván Duque”. Las protestas crecieron en las calles colombianas y desde distintas organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales anunciaron un paro general para el próximo 21 de noviembre.

 

Además de económico, el foco está puesto en lo social. “Daremos a conocer los ataques a la paz y las violaciones a derechos humanos, en especial el genocidio contra el movimiento social”, publicó la Central de Trabajadores colombiana en un comunicado. ¿Por qué? El 28 de febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo de Colombia publicó una alerta temprana en la que documentaba 697 casos de violencia contra activistas de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales, ocurridos entre 2016 y 2018. Apenas un año después, en un nuevo informe, la entidad reportó que entre amenazas, atentados y homicidios el número de líderes afectados llega a 1.335 casos, lo que representa un aumento de más del 90% con respecto al periodo 2016-2018. Según distintas estimaciones, desde la asunción de Duque en 2018, han sido asesinados 234 líderes indígenas.

En Colombia muchas de sus protestas tienen que ver con los asesinatos de distintos dirigentes sociales e indígenas. En lo que va del 2019, entre amenazas, atentados y homicidios, las denuncias llegaron a 1.335 casos.

 

 

¿Uruguay gira a la derecha?: movilizaciones masivas se realizaron en Montevideo en contra de la reforma «Vivir sin miedo»,  impulsada por el senador Jorge Larrañaga que buscaba crear una Guardia Nacional con 2.000 militares que trabajen junto a la Policía, permitir allanamientos nocturnos, negar la libertad anticipada a prisioneros culpables de delitos gravísimos y la pena de reclusión permanente revisable. El propio presidente Tabaré Vázquez dijo que «la creación de una Guardia Nacional militar no está acorde al planteo, en cuanto a que ya hay una Guardia Republicana que está actuando». Pero en las calles, la situación no queda en esa coyuntura. Así lo planteó a la agencia EFE Daniela Buquet, una de las integrantes del colectivo No a la Reforma: «Lo que está pasando en el resto de Latinoamérica debería poder abrirnos los ojos para también entender que la situación no se maneja así, tenemos un montón de países al lado que tienen militares en las calles y que la violencia no deja de crecer. Entonces, ¿por qué vamos por ese camino si sabemos que es un fracaso?». 

 

Ante este panorama, se convocó a la población a una votación el 28 de octubre para definir si entraba en vigencia o no este proyecto, pero como no alcanzó el 50%, se descartó su implementación.  El contexto en el que se da este debate es en medio de las elecciones presidenciales. La primera vuelta se llevó a cabo el domingo 27 de octubre y como ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta de los votos, habrá un balotaje el próximo 24 de noviembre entre Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y Daniel Martínez, del Frente Amplio. Si bien los números son parejos, distintas encuestadoras vaticinan una ventaja del candidato Lacalle Pou, lo que terminaría con más de 14 años de gobiernos del progresista Frente Amplio, que tuvo como presidentes a Tabaré Vázquez, en dos ocasiones, y a José “Pepe” Mujica, en una. 

En Uruguay, la población rechazó en una elección la posibilidad de que los militares puedan actuar en conjunto con la policía, por ejemplo, en allanamientos nocturnos.

 

¿El diablo metió la cola?

 

A toda esa interna regional, debe agregarse el giro que tuvo la política exterior mundial desde la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2017. A diferencia de lo ocurrido en gestiones de las últimas décadas, por primera vez un presidente estadounidense afirmó que «no descartaría una opción militar» para confrontar con un gobierno latinoamericano; en este caso, el venezolano. O su reciente felicitación a quienes derrocaron a Evo Morales, en Bolivia: “Felicitamos a las Fuerzas Armadas por cumplir con la Constitución. Ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre”. Desde el Plan Cóndor o la intervención de la DEA en Colombia para capturar a Pablo Escobar, los mandatarios norteamericanos siempre mantuvieron cautela y evitaron pronunciarse sobre situaciones internas de los países sudamericanos (aunque hubo embajadores que cumplieron un rol similar en todo el continente).

 

Si bien era previsible el endurecimiento de la política migratoria -que incluye la construcción de un inédito muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México- o su rechazo ideológico a administraciones de centroizquierda, hubo temas que Trump prefirió no incluir en sus expresiones sobre Latinoamérica, como señala José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch: “Guardó silencio ante los abusos de otros gobiernos o ante las irregularidades denunciadas en la reelección del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, un aliado de Washington”.

 

«Es una política de castigos y amenazas, y falta una agenda positiva que refleje un compromiso con la región (sudamericana) y los intereses de EE.UU.», agrega también Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington.

 

Salvo en la destruida Venezuela de Nicolás Maduro, durante los últimos cuatro años la política latinoamericana ingresó en un nuevo siglo. Tras las victorias de Mauricio Macri en nuestro país; Jair Bolsonaro, en Brasil; el giro al neoliberalismo de Lenin Moreno, quien llegó al poder como el candidato progresista de Rafael Correa, o el reciente derrocamiento de Evo Morales, en Bolivia, estos países pasaron a ser vistos con otros ojos desde el norte por haber dejado atrás el “populismo” y se podían sumar al pelotón de Chile, Paraguay, Perú, Colombia o Uruguay. Pero, si ese era el supuesto panorama ideal para la región para afianzar la relación con Washington, ¿por qué no funcionó? ¿Será que la incompetencia y la corrupción van más allá de afinidades ideológicas?

¿Obsesión? Para la directora del programa América Latina del Wilson Center en Washington, Cynthia Arnson, «la pieza central de la política de EE.UU. hacia Latinoamérica ha sido producir un cambio de régimen en Venezuela y la mayoría de la energía de los niveles superiores de la administración de Trump se destina a ese fin».

 

Cuando la ideología no alcanza

 

En nuestro país, desde el 2008 y luego el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y las entidades agropecuarias, los índices de inflación, que ya encendían algunas alarmas, crecieron y, desde ese año, durante casi una década rondaría entre el 20% y el 30% anual, según distintas consultoras privadas. Si bien es un tema de discusión, que los precios suban mes a mes ya no es noticia y los argentinos se acostumbraron a ello. Pero el último año se acrecentó: desde la devaluación iniciada en abril de 2018 -que llevó el peso de $20 a los $63 de hoy, con cepo incluido-, la inflación supera el 50% anual y a diferencia de años anteriores, ninguna paritaria ni incremento salarial estuvo a la par de esa cifra y el poder de compra disminuyó en todos los sectores.

 

Alguna vez, Jaime Durán Barba, el principal asesor en materia de comunicación del saliente presidente Mauricio Macri, aseguró en una entrevista con el diario El País de España, publicada el 24 de agosto de 2017, que “a nadie le importa un carajo eso de izquierda y derecha”. Y ante la consulta del periodista sobre si “la crisis económica puede acabar con Macri”, él respondió: “Hay mucha gente que lo está pasando mal. Claro que es un problema. Pero lo que sustenta el macrismo es la esperanza. La gente en las encuestas dice que está mal, pero cree que va a estar mejor”. 

 

Se le puede dar la razón al gurú ecuatoriano. Más allá de quién gobierne, la cuestión pasa por cuánto mejora la calidad de vida de las personas en un país; aquellos y aquellas que, más allá de discusiones ideológicas o políticas, quieren vivir mejor. Y para plantear sus reclamos, no necesariamente tienen que recibir órdenes de países remotos como Cuba o Venezuela. Con ver su heladera o su billetera, les basta. 

 

POR FRANCO PÉREZ

ARTE: LUCAS BAYLEY 

 

Sendero Elegante

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