POR FRANCO PÉREZ

 

En las alturas de la Puna argentina, el suelo cambia de nombre después de pasar una placita, una YPF, un puente, un río y trámites migratorios: se convierte en Bolivia. Tras cruzar el paso entre La Quiaca (Jujuy) y Villazón, la primera ciudad boliviana, se ven numerosos mercados ambulantes, cachetes inflados de tanto mascar coca, algunos conductores sin mucho criterio de manejo, el regateo como costumbre a la hora de comprar o consultar en alguno de los tantos comercios —que si sos extranjero, desde ya vas a pagar un poco más—, el olor a fritura de los pollos broaster, cafés o jugos servidos en bolsitas de nylon en lugar de vasos de plástico, pequeños restaurantes —o menús, como se los conoce— donde se puede comer desde 10 o 15 bolivianos (el sueldo mínimo es de 2100 bolivianos, un poco más de 320 dólares; por un menú se pagan 2 dólares, aproximadamente), los mercados —que son una costumbre en gran parte de Sudamérica, con la inexplicable excepción argentina—, donde se desayuna, almuerza y se consigue carne, pollos, fideos, frutas o verduras sin intermediarios a precios muy bajos, lo que hace que sea realmente barato comer; aunque la carne, suele estar al aire libre, sin heladera que la refrigere. A no asustarse, porque es una imagen que se repite también en Perú o Ecuador. De hecho, es común que en un kiosco boliviano no entiendan si se pide una bebida fría o directamente no la tengan y se deba tomar, como dicen, “al clima”. 

 

Esto cambió en los últimos días por los bloqueos de rutas y el desabastecimiento en distintas ciudades, que produjeron aumentos de hasta el 100% en algunos precios; algo a lo que sus habitantes no están acostumbrados, ya que en los últimos cinco años Bolivia mantuvo una inflación promedio menor al 5% anual. En 365 días los precios aumentan el mismo porcentaje que en tan sólo 40 días argentinos. 

 

No tiene salida al mar y es un país que tiene tácitamente dos capitales. La constitucional es Sucre, por ser sede del órgano judicial, mientras que la ciudad de La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. 

 

Pensar como si fuera Argentina ya no sirve. Estamos ante otra cultura y otras costumbres. Por eso, para conocer Bolivia hay que adentrarse, pasar unas cuantas semanas con su pueblo y despegarse de cierto prejuicio y racismo que se instaló algún tiempo atrás en nuestro país.

 

 

El combustible es económico para la población boliviana, aunque no para los extranjeros, que deben pagar el doble de precio por cargar nafta. A un valor que ronda los 4 bolivianos el litro (poco más de 65 centavos de dólar) para su población, uno de los efectos es el bajo precio de los micros —o buses, como les dicen— para trasladarse en todo el país. Por ejemplo, un viaje desde la fronteriza Villazón a La Paz, que podría demorar 16 horas atravesando gran parte del país, se puede conseguir (sin contar la suerte que pueda dar el regateo) a 90 bolivianos, que serían aproximadamente 900 pesos. Por 20 o 25 bolivianos más, desde la zona del Cementerio de La Paz se puede llegar a Copacabana, que está a 10 minutos de la frontera con Perú. Esto significa que con 1200 pesos se puede cruzar el país en su totalidad. Si bien se percibe la informalidad en algunos de esos buses, desde la terminal de Retiro por ese precio no se llega ni a Mar del Plata, que está en la misma provincia a solo 400 kilómetros.

 

Otra consecuencia positiva es que el traslado de alimentos desde el campo es barato por el precio del combustible. Como gran parte de su población suele almorzar en los mercados centrales o en los menús, que abundan en cantidad y ofrecen comidas a precios muy bajos con sopa incluida, se prefiere la comida elaborada, en vez de la rápida. Quizás eso hizo que algunos símbolos estrella del capitalismo mundial no tuvieran el mismo impacto en una población con raíces tan marcadas. El caso de McDonald’s es el mejor ejemplo: la franquicia de hamburguesas estadounidense intentó instalarse en el país vecino en 1998 y abrió ocho locales, pero como no fue rentable económicamente y no llamó la atención de la población —pese a insistir publicitariamente con desfiles y eventos—, se tuvo que ir del país en 2002. Fue el único país en América del Sur donde no funcionó su implementación. Su competidor Burger King sí pudo instalarse, pero con solo tres locales en total, cada uno ubicado en una ciudad diferente: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. El fast food norteamericano no pega en la altura. 

 

 

En las calles y en los transportes se ve el cambio en el color de piel de las personas, comparado con la europeizada Buenos Aires. El moreno curtido se marca en los rostros del Altiplano boliviano, así como los aguayos (esos telares coloridos donde llevan a sus pequeños o cargan cosas), los sombreros, las polleras o el quechua y el aymara como lenguas de uso cotidiano. Es común llegar a distintos pueblos y que sus habitantes interactúen en su dialecto originario y solo utilicen el castellano para responder una consulta, pero tras ese intercambio, volverán a sus palabras nativas. Las Whipalas abundan en todos los pueblos de las alturas bolivianas, pero también las iglesias; de hecho, en la mayoría de las Plazas de Armas —que serían las plazas centrales más importantes de cada municipio— hay una iglesia frente a la correspondiente alcaldía. Así conviven culturalmente los orígenes ancestrales con los de la colonización; puede ser una contradicción, pero es algo de lo que se ve también en Bolivia y en buena parte de la región andina.

 

La Wiphala es algo más que la bandera y el emblema de la nación andina y Aymara: es la representación de la filosofía andina. Simboliza la doctrina del Pachakama (el principio, el orden Universal) y la Pachamama (la Madre y el Cosmos). Ambos constituyen el espacio, el tiempo, la energía y a nuestro planeta, por eso el significado de la Wiphala es un todo: no representa a un partido político, sino a los valores más profundos de una cultura y una población ancestral.

 

 

En toda la extensión que ocupó hace más de 600 años el Imperio Inca, y que abarca cinco países (el norte de Argentina, todo Bolivia, Perú, Ecuador y el sur de Colombia), es común ver aguayos, cruces andinas, Whipalas, rasgos étnicos similares y escuchar lenguas originarias. La herencia Inca está a la vista para el que la quiera ver con algo más que con ojos de turista. 

 

A las quemas recientes de algunas Whipalas, las 36 naciones del Estado Plurinacional —millones de personas— las tomaron como una agresión directa al recuerdo de sus antepasados masacrados en el genocidio colonizador. “¡La Whipala se respeta, carajo!”, se grita en las protestas que transmiten medios internacionales, porque los informativos locales muestran a cuentagotas las movilizaciones multitudinarias en rechazo al golpe y la represión. En las manifestaciones iniciales incluso se pudo ver cómo el pedido de disculpas por la agresión a este símbolo ancestral ha estado por encima del pedido de renuncia a la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez.

 

Esa identidad originaria, que durante el gobierno de Evo Morales fue valorada como nunca desde 1492, fue pisoteada y menospreciada durante siglos. Quizás cueste entenderlo así, pero la situación con la que se encontró el primer presidente indígena al asumir era similar a la que se encontró Nelson Mandela para gobernar en Sudáfrica. Pero no para que suene como un halago como el que le hizo el periodista Luis Majul al saliente Mauricio Macri: hasta hace menos de 20 años, en Bolivia, a miles de indígenas no se les solía dejar circular por algunas zonas céntricas de La Paz o de distintas ciudades, por el mero racismo de no querer ver originarios u originarias entre la urbe. Durante cientos de años, al indígena que aprendía a leer en castellano, los conquistadores le cortaban las manos como castigo, tal como está escrito en decenas de libros. Todo eso, que aquí tristemente es parte de los textos de historia, allí se respira en las rutas, los pueblos y las calles.

 

«Esa identidad originaria, que durante el gobierno de Evo Morales fue valorada como nunca desde 1492, fue pisoteada y menospreciada durante siglos en Bolivia».

 

Desde el 22 de enero del 2010 se estableció el término “Plurinacional” al Estado boliviano, en representación de las 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos, reconocidos por la Constitución Política del Estado. De esa manera, la comunidad originaria que habita en Bolivia fue reconocida por primera vez desde el Estado, pero esa ampliación de derechos despertó el enojo de la derecha local. El 20 de junio de 2013, la actual presidenta de facto Jeanine Áñez tuiteó, con una ortografía que no es digna de honores: “Que año nuevo aymara ni lucero del alba!! satànicos, a Dios nadie lo reemplaza!!”, en referencia a una festividad indígena que se celebra cada 21 de junio en comunidades de Bolivia, Chile, Argentina y Perú en el marco del inicio de un nuevo ciclo agrícola. Seis años después, escucharla a Áñez decir en su «asunción» que “la Biblia vuelve al lugar donde debe” es el mejor resumen del nivel ideológico que maneja buena parte de ese sector político.

 

¿Pero por qué sucede eso en un país como Bolivia, con mayoría indígena? ¿Por qué un originario u originaria votaría por racistas? La crónica del corresponsal Daniel Lozano del diario El Mundo, de España, plantea este escenario: “La batalla de la Whipala airea cómo Bolivia es hoy un país partido en dos. Morales es muy fuerte en zonas populares, indígenas, campesinas y en los Andes, mientras la oposición ha crecido en las ciudades, dentro de la clase media, entre los estudiantes que durante 14 años han sufrido la sobre exposición del líder indígena y también en la zona oriental, conocida como la Media Luna. Santa Cruz, su capital, es el principal bastión de la oposición contra Morales”. Los medios televisivos argentinos también advirtieron esa característica social, pero si no hubieran sido expulsados del país por “sedición” a un par de días de iniciada su cobertura y las recorridas en lugar de haber sido sólo en La Paz y Santa Cruz de la Sierra se extendían por todo el país, se hubieran dado cuenta de que la mayoría de sus habitantes se manejan con los valores originarios. 

 

 

Según la estadística oficial de la ONU, Bolivia encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor población indígena en su territorio: 62,2%, es decir 6.216.028 habitantes originarios sobre una población total de 9.995.000 bolivianos en una proyección estimada sobre la base del Censo del año 2001. Sin embargo, los resultados oficiales del Censo 2012 dieron como resultado una población total de 10.389.913 habitantes, de los cuales el 42%, es decir 4.199.977, se registraron como pertenecientes a alguna de las 36 naciones originarias reconocidas por la Constitución boliviana.

 

«Según la estadística oficial de la ONU, Bolivia encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor población indígena en su territorio, 62,2%, es decir 6.216.028 habitantes originarios sobre una población total de 9.995.000 bolivianos «.

 

La timidez y la sumisión que muchos bolivianos tuvieron durante décadas, encontraron un quiebre con el golpe al Estado Plurinacional, efectuado por parte de la oposición derechista, en conjunto con las Fuerzas Armadas y sin el repudio de organismos que sí cuestionaron la elección, pero no el golpe, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

El mandato de Evo Morales debía concluir el próximo 22 de enero, pero aún con su renuncia, debería ser el Movimiento Al Socialismo (MAS) el partido político que administre el Estado hasta esa fecha, no un bloque opositor del Senado, que llegó a dictar a mediados de mes un Decreto Supremo, que en su artículo N° 3 señalaba que “el personal de Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal  cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”. La legalización de la muerte: más de 35 personas fueron asesinadas por balas disparadas por militares y policías desde el 10 de noviembre, cuando se consumó el golpe. Las fuerzas de seguridad, en cambio, no tuvieron ninguna baja.

 

Los grandes medios bolivianos prácticamente no destacaron estos hechos en sus coberturas. En algunas de las tantas grabaciones caseras de la represión del sábado 17 de noviembre en Cochabamba, donde asesinaron a 9 personas, se escucha a mujeres que lloran  -con el ruido de los disparos de fondo- y piden desesperadamente  “que se difunda porque los medios en Bolivia no lo muestran”. Solo los periodistas internacionales informan la represión. Mientras, en las calles miles de personas cantan “¡dónde está la prensa, carajo!”. No es casual que ante cada reportaje, la población boliviana llame a los corresponsales “hermano” o “hermana” periodista; o se dirijan a sí mismos como “hermanos” o «hermanas». Para sentir la hermandad y la humildad de un país históricamente postergado, solo hay que tener corazón.

 

Este último fin de semana, las negociaciones entre el MAS y diversas organizaciones sociales que responden a Evo Morales con las fuerzas opositoras apuntan a anular los resultados de la elección del pasado 20 de octubre, a retirar a los militares de las calles y a derogar el decreto que exime de responsabilidades a la policía y al Ejército. El ministro de Presidencia de facto Jerjes Justiniano ya firmó un acuerdo con organizaciones sociales donde asegura que cumplirá con ello, liberará a varios detenidos en las últimas protestas y que el Estado resarcirá económicamente a familiares de víctimas de la represión. Áñez también promulgó el domingo la ley que convoca a nuevas elecciones. Todo indica que en los próximos 20 días la Asamblea Legislativa nombrará a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes una vez que ocupen en sus cargos deberán llamar a elecciones en 48 horas. La nueva ley, sancionada de urgencia el sábado 23 de noviembre, establece que las elecciones generales tiene realizarse en menos de 120 días, o sea que hasta abril del año próximo puede continuar el gobierno de facto. 

 

Sin embargo, hay un dato a destacar: ni Evo Morales ni su vice Álvaro García Linera podrán participar de los comicios. Sí lo podrá hacer su partido (el MAS) y «todas las organizaciones políticas con alcance nacional». En una entrevista reciente con Página/12, el depuesto mandatario aseguró: «Para pacificar Bolivia, renuncio a mi candidatura». Pero también dejó un mensaje: «Con Evo o sin Evo, vamos a recuperar nuestra revolución democrática». ¿Logrará transmitir su caudal de votos a un sucesor? ¿Aceptará el resultado la oposición boliviana si vuelve a perder? ¿Quién se hará responsable por los asesinatos a manos de la policía y el Ejército? Por estos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se encuentra en Bolivia para tomar declaraciones a las víctimas de la represión de estas semanas en distintas ciudades. Cientos de personas ya se acercaron para dar su testimonio, en su mayoría desgarradores, pero también pruebas, como varios casquillos de balas de plomo y las heridas de bala en sus cuerpos.

 

 

Quien tenga la oportunidad de adentrarse en sus pueblos y charlar con sus lugareños, entenderá que las consecuencias de la colonización europea están más vivas que nunca en Bolivia. En Potosí, otro de los grandes centros urbanos, están las minas de donde la Corona española extrajo oro y plata desde el año 1545 hasta 1650, cuando prácticamente no quedó más nada para llevarse. El valor de lo saqueado es un monto incalculable, pero según algunos estudios sería comparable a más de 50 mil millones de dólares de estos días. El oro y la plata del Altiplano ayudaron a estabilizar la situación económica de gran parte de Europa, pero también durante ese siglo de explotación se calcula que murieron más de 15 mil indígenas por el trabajo esclavo. Recién hace 13 años, casi 500 años después, Evo Morales nacionalizó los recursos mineros e hidrocarburíferos, el 1° de mayo de 2006. 

 

Ese día, el vicepresidente García Linera aseguró: “Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora solo se llevarán un 18%, y el 82% será para el Estado”. Ya desde el exilio y en una entrevista al canal de noticias C5N, señaló que desde que se tomó esa decisión política el Estado boliviano pudo recaudar más de 3000 millones de dólares extra por año.

 

El diario La Razón, de Bolivia, publicó el 15 de abril de 2016 un reportaje al entonces presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos  Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá donde afirmó que entre 2006 y 2016, “la nacionalización de hidrocarburos dio a Bolivia 31.500 millones de dólares en una década”.

 

“La nacionalización recuperó para el pueblo de Bolivia los hidrocarburos y su renta, otorgó el rango de Derecho Humano a la Energía y a sus servicios públicos, e inició un camino de modernización de la actividad económica del país a través del abastecimiento masivo de gas natural de red, a precios baratos y competitivos, así como su democratización al pasar de un 3% de la población abastecida en 2006 a un 50% en 2019”, aportó desde el diario Ámbito Financiero el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal. Y completó: “La renta hidrocarburífera captada por el Estado pasó de 670 millones de dólares en 2005 a 5.500 millones en 2018. Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia obtuvo ingresos superiores a 37.484 millones de dólares resultado de la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector entre los años 2006 y 2019”.

 

Esos recursos permitieron el desarrollo económico de Bolivia durante el primer gobierno indígena, entre 2006 y 2019. Según informes de la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo dependiente de la ONU, la pobreza extrema se redujo en más de la mitad entre 2005, cuando era de 38,2%, y 2018, cuando llegó al 15,2%. A su vez, la pobreza moderada también cayó de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018. 

 

Es la primera vez en la historia que Bolivia muestra un crecimiento económico constante por más de una década. El último registro donde se vivieron años de ascenso social, pero también de conflicto, fue en una breve etapa en la década del ´50, cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro decretó la nacionalización de las minas y el monopolio en la exportación del estaño, que por entonces era el principal generador de ingresos, la reforma agraria (parcelación de tierras para distribuir entre los indígenas), la institución del voto universal (no existía hasta ese momento), la reforma educativa y la creación de caminos que conecten con el oriente del país (la ruta Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra). 

 

«La pobreza moderada cayó de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018. También la red de gas pasó de abastecer solo el 3% de su población en 2006 al 50% registrado este año. Es la primera vez en la historia que Bolivia muestra crecimiento y desarrollo económico constante por más de una década».

 

La historia de su gobierno es otro reflejo perfecto de la situación actual boliviana: Paz Estenssoro había ganado las elecciones de 1951 desde el exilio, con cerca del 50% de apoyo. Sin embargo, el entonces presidente saliente Mamerto Urriolagoitia, en lugar de entregarle la banda al ganador, se la dio a una junta militar encabezada por el general Hugo Ballivián. En abril de 1952, se sucedieron múltiples levantamientos populares que dieron lugar a lo que allí se conoció como la “Revolución Nacional”, un proceso de transformaciones en la participación ciudadana, la distribución de tierras, el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Pero al igual que en estos días, ese gobierno fue derrocado, en 1956, por las Fuerzas Armadas. Hasta la década del ´80, Bolivia sería gobernada por dictaduras militares y luego por demócratas liberales. Esa seguidilla concluyó en 2006 con la llegada del primer gobierno indígena.

 

 

Uno de los empresarios históricos del gas y del establishment boliviano más afectado por estas nuevas reglas de juego para que el Estado capte esa renta extraordinaria fue Luis Fernando Camacho, el mismo que no tiene ningún cargo público y salió en cadena en los medios bolivianos a insultar a más de la mitad de su población: “Nunca más volverá la Pachamama a este palacio. Bolivia le pertenece a Cristo”, dijo desde el Palacio Presidencial tras el golpe a Evo Morales. Esto también evidencia el paralelismo con el apartheid; la mayoría de la población originaria del país tuvo que integrarse después de siglos a la nación que históricamente los albergó, pero gobernada por una elite de clase alta y tez blanca que la desprecia. 

 

La pelea que vendrá, y a la que Argentina debería prestar suma atención, tendrá a los recursos naturales como eje. El litio es un mineral de moda hoy por la importancia que tiene en las baterías de celulares, computadoras portátiles, autos eléctricos y otras maquinarias de la industria. Ya es considerado el “oro del futuro” y los países con reservas de litio se han convertido en exportadores mundiales de un material cada vez más valioso. Bolivia, Argentina y Chile conforman el “Triángulo del Cono Sur del Litio”, ya que los tres países concentran el 80% de las reservas mundiales del llamado “oro blanco”. Pero el mayor porcentaje lo tiene Bolivia, con casi el 50%.

 

 

El 22 de febrero de este año, el entonces viceministro de Altas Tecnologías Energéticas de Bolivia, Luis Alberto Echazú, expuso ante los medios un informe de la empresa estadounidense SRK, que certifica 21 millones de toneladas métricas en el salar boliviano de Uyuni, lo que determina que, hasta el momento, es la mayor reserva a nivel mundial de este mineral. Para obtener esos resultados, SRK perforó pozos de 50 metros de profundidad en el 64 % de la planicie del desierto salado, según reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

 

Hasta el 2018, el Estado boliviano manejaba una cifra de más de 10 millones de toneladas de litio, que representaba un tercio del total de esta reserva en el planeta, pero a principios de año informó que allí hay 21 millones de toneladas métricas, lo que la convierte en la mayor reserva a nivel mundial descubierta hasta el momento. Un informe publicado en agosto de este año por la Bolsa de Comercio de nuestro país, con el fin de atraer inversores extranjeros, estima que durante los próximos años el litio mantendrá un precio promedio de entre 10.400 y 10.900 dólares la tonelada, aunque en 2017 llegó a trepar hasta los 25.000. 

 

Si se tomaran esos valores del mercado, hoy las reservas de este mineral en Bolivia representarían más de 228.000.000.000 millones de dólares, que se podrían multiplicar por miles de millones más si en lugar de vender la materia prima, se desarrolla una industria sólida, como la que insinuó el gobierno de Morales hace algunos meses al producir el primer auto eléctrico a base de litio en el país vecino. 

 

¿Habrá sido esta la verdadera motivación del golpe?

 

POR FRANCO PÉREZ