POR FRANCO PÉREZ

¿En qué se transforma la vida cotidiana cuando de un día para el otro se dejan de percibir ingresos? Formar parte de quienes aún cobran su sueldo regularmente se convirtió en un privilegio. El coronavirus no solo provoca pánico sanitario, sino también económico y social: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que se perderán, aproximadamente, 305 millones de puestos de trabajo este año en todo el mundo y más de 11 millones en América Latina.

Revista Sendero habló con personas que ya sufren el desempleo. Además, el abogado laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde, y el consultor externo de la OIT Matías Golman ayudan a entender qué desafíos enfrentará el mundo del trabajo y los debates que se pueden abrir vinculados al derecho laboral en Argentina.

Para comprender los efectos de esta crisis, alcanza con ver lo que ocurre en una potencia mundial como Estados Unidos. Allí, el desempleo a principios de este año promediaba el 4%, su nivel más bajo en 50 años. En mayo, su Oficina de Estadísticas Laborales informó que en abril se perdieron más de 20 millones de puestos de trabajo y el desempleo trepó al 14,7%, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que 40 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo, casi la misma cantidad de habitantes que tiene Argentina.

En nuestro país, el Ministerio de Trabajo informó que marzo ya mostró un escenario alarmante: “El nivel de empleo registrado del sector privado tuvo una caída de 0,5% en relación al mes anterior. Esta es la mayor contracción mensual de los meses de marzo desde el año 2002”. Al cierre de esta edición, eran los últimos datos oficiales disponibles. 

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), producido por el INDEC, informó que en marzo la actividad económica tuvo una caída interanual del 11,5%. Es el retroceso más alto registrado desde 2009.

EL FUTURO DEL TRABAJO

Matías Golman es economista y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Colabora con el departamento de investigación que todos los años publica un reporte especial sobre las tendencias de empleo en el mundo. Por estos días, continúa en la búsqueda de información de distintos países para el informe sobre economías de plataforma que se presentará en la próxima convención de la OIT, aún con fecha a definir por el contexto actual. Golman asegura que se vive “un momento inédito” en la historia reciente. 

—En la Segunda Guerra Mundial, uno de los acontecimientos más grandes de los últimos 80 años, las economías no paraban; estaban al máximo. Mientras dure la incertidumbre y no se encuentre una vacuna o haya un control generalizado, entramos en una burbuja de la que es muy difícil salir porque el mundo está muy conectado; por eso la incertidumbre se transmite tan rápido. Otra comparación podría ser la crisis del 30, pero ahora los Estados reaccionaron mucho más rápido y tienen más herramientas de contención que en aquel momento. Están poniendo toda la carne al asador. 

—¿El Estado se convertirá en uno de los principales proveedores de empleo?

—El Estado en Argentina está con problemas fiscales importantes y complicado en términos de logística. Aún así, en este periodo que viene habrá una mayor coordinación. No lo enmarcaría como el Estado haciéndose cargo, sino más bien coordinando y marcando la cancha con mayor peso que el que tenía antes. La OIT siempre resalta lo vinculado al diálogo social, algo que en Argentina existe mucho al tener los sindicatos. Se viene un momento de mucha coordinación con los trabajadores y las empresas. 

—¿Las reacciones de los Estados alrededor del mundo fueron muy distintas entre sí?

—La situación es distinta en países prácticamente sin informalidad, como Estados Unidos, que tiene el seguro de desempleo. Allí se perdieron muchos trabajos, pero asignaron una partida presupuestaria histórica y gigantesca porque tienen los recursos. La respuesta del Estado fue dar plata a través de canales tradicionales. No hay casos de países que hayan implementado medidas muy creativas. En general se apunta a sostener el empleo, dar créditos y a reducir algunos impuestos. En nuestro país al tener ya la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue muy fácil identificar a los hogares con pocos recursos que tenían hijos. Países que no tienen este tipo de ayudas tuvieron que salir a buscarlas o crearlas. A partir de las herramientas preexistentes es más sencillo identificar a la población vulnerable. Por eso fue tan importante el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Era una herramienta que le faltaba al país y permitió identificar a personas que no tienen hijos y no entraban en la AUH, pero tampoco tenían un trabajo formal y estaban invisibilizadas por el Estado. Una vez que se identifican estos sectores, se pueden aplicar políticas específicas. A lo que no se puede ver no se le puede destinar ninguna política. 

“Para combatir la informalidad no hay que ir tan lejos. En 2003, Argentina tuvo un pico de 48% de informalidad y desde 2011 estamos estancados en un 35%. Pero si nos ponemos a pensar cuáles son los motivos de un empleador para formalizar a alguien, uno de los principales es que haya una relación estable en el tiempo. La estabilidad macroeconómica pasa a ser un factor necesario”, opina Matías Golman, consultor externo de la OIT. 

—¿Hay países que hayan reducido considerablemente la informalidad en los últimos tiempos?

—Hay que entender cuáles son las causas de la informalidad, porque no son las mismas en Latinoamérica que en Asia. Hay aspectos en común, pero las estrategias para reducirla son distintas. En los casos exitosos, como Corea o Taiwán, países que hasta hace 50 años tenían estructuras productivas agrodependientes como la nuestra, vemos que culturalmente somos distintos; allí tienen Estados mucho más presentes que coordinan con un peso, hasta diría, autoritario. Lo que podríamos rescatar de esas experiencias es que hay que cambiar la estructura productiva. La nuestra es súper desequilibrada. Quedamos en el medio de una transición hacia la industrialización y cuando ocurrieron las migraciones rurales, hubo muchísimo excedente de trabajadores en las ciudades que no pudo ser absorbido por la estructura de empleo. Uno de los dilemas a resolver es cómo hacer para generar empleos formales en el excedente de población que no pudo encontrar trabajo en las estructuras actuales. Eso nunca se puso en discusión en Argentina. Tenemos al agro, un sector productivo que genera divisas, que de alguna forma garantiza el crecimiento, pero también está la famosa “restricción de crecimiento”: cuando Argentina crece mucho, se vuelve dependiente de un sector que no genera empleo (el agropecuario) y los sectores industriales que sí lo hacen son muy dependientes de las importaciones y no generan las divisas suficientes. Así chocamos contra una pared.

—¿El incremento del desempleo que se avecina profundizará una pérdida de derechos laborales?

—A diferencia de otros tiempos, el Estado está muy presente y siento que será todo muy coordinado. Hace poco hubo gremios que aceptaron reducciones del 25 o 30 por ciento de sus salarios (en referencia a los trabajadores de comercio). Da la sensación que esos recortes más que impuestos, están relativamente consensuados. Igual es difícil saber hasta qué punto es temporal o no. Se nota que todos los sectores son muy conscientes del panorama complejo que se avecina. Quizás por eso los gremios prefirieron mantener puestos de trabajo y resignar ingresos, en lugar de mantener ingresos y que mucha de su planta termine desempleada. Ya no es una discusión de cómo distribuimos la torta, sino que la torta se está achicando. Si se pierden empleos es mucho más difícil volver a generarlos que recuperar ingresos. Eso no significa que con esa reducción muchas familias no la vayan a pasar muy mal. No justifico la reducción de ingresos, creo que estas medidas son más para atajar la crisis y todavía hay una discusión pendiente sobre cómo resolver las nuevas formas atípicas de empleo, como la aparición de plataformas y aplicaciones, y hacia dónde va el sistema de protección social.

Casi nueve millones de personas cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos. Antes de su lanzamiento, el Gobierno esperaba que sean entre tres y cuatro millones los beneficiarios. Para el primer pago, el Ministerio de Hacienda dispuso 89.630 millones de pesos.  

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 “NI EN EL 2001 SE VIVIÓ ALGO IGUAL” 

Uno de los estudios jurídicos especializados en derecho laboral más importantes del país es el Estudio Recalde. Allí “la consulta siempre es gratuita para los trabajadores”. El abogado Leandro Recalde coordina los casos del estudio y comenta que desde el inicio de la pandemia aumentaron las consultas sobre irregularidades en distintos ámbitos laborales. 

—A muchos los obligaban a ir a pesar de no pertenecer a una actividad esencial y les decían que vayan al trabajo con una bolsa de supermercado en la mano por si los paraba la policía. Lo mismo le ocurrió a personas de más de 60 años o con enfermedades preexistentes, sin pertenecer a actividades esenciales. Hubo muchísimos casos de despidos de trabajadores en negro y también de empleados que estaban en período de prueba. Recibimos consultas de empleados a los que les querían hacer firmar acuerdos de reducción del sueldo o casos de empleadores que, unilateralmente, pretendían reducciones salariales, algunas con efecto retroactivo: imaginate trabajar todo el mes y que cuando vas a cobrar tu jefe diga que te va a pagar un 25 por ciento menos. Se registraron problemas y retrasos en el pago de salarios de varias empresas, en algunos casos razonables porque especulaban conseguir los ATP (el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción con el cual el Estado paga una parte de esos sueldos), pero digamos que cada una hizo las reducciones salariales que se les cantó. 

Héctor Recalde, padre de Leandro, fue quien fundó hace más de 40 años el Estudio Recalde. Actualmente integra el directorio de YPF, pero además de ocupar ese cargo fue diputado nacional, jefe de asesores letrados de la Confederación General del Trabajo (CGT) y abogado laboralista con casi 60 años de experiencia; es una de las personas que más conoce sobre derecho laboral en el país. “Como diría (el escritor y poeta uruguayo) Mario Benedetti, soy incurablemente parcial, siempre defendí laburantes y ese es mi rol en la vida”, se define. A la hora de pensar sobre este momento, cita un dato personal: “Me recibí en 1961. Tengo un largo trecho recorrido y nunca viví un momento como este. Es inédito e insólito, ni el 2001 ni en los momentos de mayor crisis en el país nos señalan una realidad como la que padecemos hoy en día”.  

Este nuevo contexto le presenta a Recalde un dilema: hace décadas que defiende trabajadores y trabajadoras, pero reconoce que “este es un período muy difícil porque hay razones de fuerza mayor para que las empresas puedan despedir. Eso les reduce responsabilidades, pero también las compromete a la solidaridad”. 

Es ahí donde cita a Norberto Centeno, histórico abogado laboralista que redactó el anteproyecto de lo que fue la Ley Nacional de Contrato de Trabajo 20.477 desaparecido en la última dictadura militar, quien decía que “un despido es socialmente injusto”. Sobre esa figura legal trabaja en estos días: “No hay que cerrarse a ventanas nuevas, lo que decía Centeno del despido socialmente injusto lo analicé con abogados de mi equipo y es una posibilidad. Una de las funciones que tiene el abogado laboralista es la de no resignarse a la ley que está vigente, sino ampliar el panorama, generar nuevos derechos. Eso tiene que ver con lo que se llama la jurisprudencia: hacer planteamientos que vayan más allá de lo que está establecido concretamente en la ley, sino con la interpretación y la intención del legislador. Hoy hay que garantizar la existencia de empleo y reivindicar que la naturaleza jurídica del salario es alimentaria. Con el salario el trabajador se alimenta. Si le restan o le suprimen una parte de salario, se condena a que esa familia se alimente peor o se subalimente”.

—¿Cómo cree que serán los tiempos que vienen en materia laboral?

—Frente a esta nueva realidad hay que buscar nuevas respuestas. Se perdió mucho empleo. Hay muchas medidas que se pueden tomar, una de ellas es la reducción de las jornadas de trabajo, algo que planteo desde hace muchos años, cuando no había una crisis como esta. Cuando algunos liberales se quejan de que nuestro derecho laboral es muy rígido y que eso impide la creación de empleo, toda la experiencia argentina demuestra lo contrario. Un ejemplo nacional: a principios de los noventa el desempleo estaba entre un 6 y 8 por ciento. Empezó la etapa de la flexibilización laboral, que tuvo su cúspide en 1995, y el desempleo creció al 18 por ciento; fue al revés de lo que ellos mismos planteaban. Lo que tienen que advertir, si dejan de lado la ideologización del problema y la avaricia de algunos representantes de los sectores económicos, se van a dar cuenta que un movimiento obrero que pelee por un mayor poder adquisitivo de los salarios en realidad influye en el crecimiento del país, porque ocupa entre el 70 y 80 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Es muy importante que los trabajadores tengan poder adquisitivo para que los empresarios puedan ganar más, inclusive.

—¿Y en relación a los nuevos trabajos de plataformas, aplicaciones o la expansión del teletrabajo?

—Hay modalidades que exigen nuevos desafíos, pero ninguna de ellas puede obturar el principio básico tutelar del derecho del trabajo. Con las aplicaciones hay que hacer una tarea de detective y rastrear hasta dónde llega aquel que tiene la rentabilidad. Se va esfumando la responsabilidad del empleador con las aplicaciones. Hay que investigar. Hace falta un estatuto para que tengan derechos, después puede haber alguna reglamentación especial, pero son trabajadores que tienen que tener la protección de la Ley 20.744 Nacional de Contrato de Trabajo.

Cuando se le menciona a Recalde el caso de los empleados de comercio, cuyo sindicato pactó una reducción del 25 por ciento de los salarios a fin de evitar despidos, afirma: “Cada dirigente sindical le rendirá cuentas a los trabajadores de lo que hacen. Si hay que hacer un ajuste, lo tiene que hacer el Estado o la empresa, no el trabajador”. Si él estuviera en el Ministerio de Trabajo, asegura que no avalaría un acuerdo de estas características. Foto: Archivo Revista Sendero. 

Suele citar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de memoria. El mismo que en una de sus líneas señala que los trabajadores deben tener “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Según su mirada, “acá lo hacen al revés, los hacen participar solo de las pérdidas. Hay dos problemas en esto. Uno visible y otro no tan visible. La participación en las ganancias, además de la distribución de los recursos, implica el derecho a información de la rentabilidad de las empresas y a muchos empresarios les molesta que los trabajadores y el Estado estén informados”.

—Hay una pandemia en el país que tiene poca publicidad y es el trabajo no registrado. Pasamos de un habitual 30 o 32 por ciento a un 40 por ciento de los trabajadores no registrados en el último tiempo. Son desaparecidos sociales, hay un montón de derechos que un trabajador no registrado no tiene. Es muy difícil este tema porque es estructural, no es de este gobierno ni del anterior. Una vez a mediados de la década del sesenta tuve algunas entrevistas de trabajo con el general Perón en Madrid, en la oficina de Jorge Antonio (por entonces asesor de Perón) y le pregunté cuál era la mejor ley laboral y me respondió “la que haga cumplir las leyes existentes”. Esa es una realidad. Por ejemplo, la prohibición de los despidos, ¿usted cree que se cumplió? Se prorrogó dos meses más, pero siguen despidiendo igual. 

Recalde recuerda el caso de Techint, que a pocos días del establecimiento de la cuarentena despidió a más de 1400 trabajadores y marca una diferencia con el manejo que tuvo el Ministerio de Trabajo al avalar esos despidos: “Con toda objetividad, yo que el Gobierno no los hubiera homologado. Soy muy respetuoso del pensamiento ajeno, pero sale la prohibición de los despidos, Techint despide más de 1450 trabajadores y ahora recibe aportes del Tesoro Nacional que pagamos todos nosotros. El Ministerio de Trabajo tiene capacidad para intervenir y participar en todos los problemas relacionados al ámbito laboral, no puede ignorar lo que hace Techint, que es público y notorio. Es una diferencia que tengo con el ministro de Trabajo (Claudio Moroni)”.

—Se extendió por 60 días más la prohibición de despidos, ¿qué pasará después del 1° de agosto? 

—Soy optimista, pero la realidad sopapea al optimista. Es una medida defensiva muy buena que tomó Alberto. Cuando lleguen las vísperas del vencimiento de esta prohibición, se verá si se actualiza, se prorroga o se deja sin efecto. La verdad, si algún empresario tiene razones para despedir, tiene que acudir al Estado, al Ministerio de Trabajo, explicar su problema y el Ministerio le puede indicar cómo solucionarlo. A veces por falta de conocimientos o información, sobretodo las micro, pequeñas y medianas empresas, piensan que la única solución es la reducción de personal, y no es cierto. Por eso es importante que el Estado esté más presente que nunca en estos momentos. 

Un informe elaborado por el Gobierno revela que en junio pagará 2,7 millones de sueldos complementarios a trabajadores del sector privado a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Aproximadamente accedieron 300 mil empresas.

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HISTORIAS DETRÁS DE LAS ESTADÍSTICAS

El Reporte Laboral de mayo que publicó el Ministerio de Trabajo de la Nación, con información de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), señaló que “entre febrero de 2019 y febrero de 2020, el número de trabajadores registrados se redujo un 0,6%, lo que representa alrededor de 77,4 mil trabajadores menos”. Pero detrás de los números y porcentajes estadísticos hay historias. 

Eugenio Campanella tiene 33 años, vive en el partido bonaerense de San Martín y es pintor. Ya venía de sufrir la crisis económica del 2019: “Desde enero del año pasado hasta septiembre apenas salía alguna changa. Mis ingresos habrán promediado entre dos y cinco mil pesos mensuales”. En su casa vive con su madre y su padre, ambos jubilados, y un hermano. “Recién en septiembre mejoró y hasta que se dispuso la cuarentena mantuve un promedio de 18 mil pesos por mes”. El 20 de marzo, cuando se estableció el aislamiento obligatorio, su actividad laboral se cortó de golpe; eso no le impidió rebuscársela. 

Apareció la posibilidad de hacer delivery para una amiga que se dedica a la pastelería desde su casa y si bien realizar algunos repartos en bicicleta lo ayuda a mantener la mente ocupada, sus ingresos son ínfimos: “Estoy gastando todos mis ahorros de esos últimos trabajos de pintura, que si no los tuviera, no tendría dinero para nada y estaría desesperado”, comentó unos días antes de saber que cobraría el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos; la noticia fue un alivio: “Me ayudó muchísimo. Siempre podemos pedir más y para muchos quizás es muy poco y no alcanza, pero creo que es de mucha ayuda”.

—Me enorgullece pensar que Argentina sea un ejemplo de cómo actuar en un momento histórico para el mundo. Pero también la parte económica hace que no se pueda extender mucho más la cuarentena. Muchos tenemos que salir a la calle a ganarnos el pan de cada dia. Si no lo hacemos no solo vamos a tener una lucha contra el coronavirus, sino también contra el hambre.

El Banco Mundial publicó una cifra alarmante: calcula que alrededor de 60 millones de personas se verán empujadas a la extrema pobreza debido a las consecuencias económicas por el coronavirus y prevé que la producción económica mundial se contraerá hasta un 5 por ciento en 2020.

DE LA ARQUITECTURA AL DELIVERY

Otra persona que recurrió al delivery en el local de unos amigos es Mike Andersen, un estudiante de arquitectura de 24 años al que le faltan dos años para terminar la carrera. En agosto del año pasado ingresó como pasante en el área de arquitectura de la cadena de heladerías Freddo. Participaba en el rediseño y la remodelación de distintos locales, pero a principios de abril le rescindieron su contrato y fue desvinculado. Era su único empleo.

—Cuando se inició la cuarentena suspendieron seis meses las obras, justo antes de que se arrancaran. Lo hicieron porque no había plata para llevarlas a cabo. En ese momento, Freddo quedó en un gris porque no sabían si podían vender o no. Entonces tomaron la decisión de suspender y desvincular a varias personas de la empresa. 

Mike se había independizado y se mudó solo a un departamento en Palermo. Hoy vive de sus ahorros, le tuvo que pedir ayuda a su padre para mantenerse y percibe algún ingreso mínimo al hacer delivery: “Mi plan personal es agarrar lo que sea y que me dé un empujón para conseguir un trabajo relacionado a lo que estudio. Si no tenés título, es muy complicado conseguir en el rubro porque no se buscan muchos estudiantes. Lo de Freddo lo conseguí a través de la bolsa de trabajo de la facultad. A veces puede surgir algo freelance, pero estaba complicado, y ahora mucho más porque no hay movimientos de plata y nadie invierte en construcción”.

No cree volver a trabajar este año en algo relacionado a la arquitectura, pero es consciente de que “hay gente que está peor que yo, que los echaron, no tienen nada y tienen que bancar una familia”. Por eso, pese a poder hacerlo, decidió no solicitar el IFE. No fue el único en dudar.

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Juan Ignacio Grodz tiene 30 años, es mecánico dental y monotributista: “No me dio la cara para intentar sacar el IFE. Sé que me podía anotar, pero hay gente que de verdad lo necesita, yo no”.

Desde que se decretó la cuarentena no tuvo ningún trabajo hasta principios de mayo. Él alquila un departamento a un amigo en el barrio de Villa Pueyrredón y allí realiza su oficio. Pero esos pocos encargos que tuvo en las primeras semanas de mayo ni siquiera le alcanzaron para cubrir el alquiler del lugar. Sus clientes son odontólogos y “durante la cuarentena prácticamente ninguno trabajó porque estaban con mucho miedo”. Sin ingresos, vive de sus ahorros. La casa que comparte con su novia –que es científica y mantuvo sus ingresos– es de su suegra, quien decidió no cobrarles el alquiler los últimos dos meses.

—De a poco se olfatea que puede arrancar el laburo y me tranquiliza un poco. Solo uno de mis clientes decidió volver a trabajar con todos los cuidados posibles, pero hace unos días otra odontologa me llamó para reclamar un trabajo que tenía de antes de la cuarentena y otra me dijo que iba a arrancar a fines de mayo. Se empieza a ver algo de movimiento, pero todavía se ve difícil volver a trabajar todos los días.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, que representa a más de 600 mil pymes, aseguró que “la preocupación no son los despidos, sino el cierre de empresas. Necesitamos un rescate financiero”. Exigen créditos a tasa cero y descuento en los alquileres por cierre obligatorio. “Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones”, advirtió. 

SIN SUELDO POR ESTE AÑO

Sin una suplencia asignada, un docente sin cargo no tiene un sueldo fijo. Johnatan Infantino hace siete años que da clases de educación física los sábados en Monserrat a través del programa de Centros de Actividades Infantiles (CAI) del Gobierno de la Ciudad para niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y un año que lo hace como maestro suplente en escuelas públicas de Capital Federal. 

Para ocupar una suplencia, primero tiene que haber un docente titular que pida licencia: “El tiempo del cargo que se obtenga depende de la licencia que se tome el titular docente. En mi caso, el año pasado las dos que obtuve fueron por licencias médicas. Un maestro se había fracturado un dedo de la mano y otro el pie. Pude trabajar varios meses hasta que volvieron”. Eso fue en diciembre, pero a mediados marzo de este año, cuando se iba reabrir el concurso para ocupar suplencias, se decretó la cuarentena. 

Materias como educación física, música, teatro, plástica o tecnología forman parte de lo que se llama “área curricular”. En este sector se encuentran los docentes más afectados: “Los maestros curriculares de primaria no tuvimos la oportunidad de concursar en los actos públicos porque se suspendió por la cuarentena y quedamos varados”.

Johnatan dejó de percibir ingresos y comenzó a gastar sus ahorros, pero pudo acceder al IFE: “Me ayudó un montón para pagar impuestos y comprar comida. Fue directamente a eso. Por suerte tengo a mi pareja, que es maestra jardinera en una escuela privada, que trabaja y entre los dos podemos tirar. Básicamente, vivo de mis ahorros porque el ingreso del CAI no es mucho. Estamos precarizados porque no estamos en el estatuto docente, no tenemos licencia ni obra social y todo es a través de contratos que se renuevan año tras año”.

Aún no hay fecha confirmada para el regreso a clases. Por eso es consciente de que en caso de volver, con suerte solo tendría un solo ingreso este año: “Como docentes suplentes tardamos tres meses en cobrar por nuestro trabajo (lo hacen de manera retroactiva). En el caso de que las clases vuelvan en septiembre, sé que mi sueldo lo voy a tener recién en diciembre. Pero ni siquiera se sabe si se habilitarán los actos públicos y las suplencias. Mi perspectiva es que tal vez este año no cobre nada”.

 

Docentes sin cargo exigen la reapertura de actos públicos virtuales para que maestros y maestras de la Capital Federal puedan obtener suplencias, además de un pago salarial de 32.800 pesos durante la cuarentena. En varios casos no cobran desde marzo. Este conflicto se extiende en todo el país.

Un caso más dramático es el de Rommel Landinez, un joven venezolano de 18 años que emigró a nuestro país en septiembre del año pasado. Al llegar, tuvo la suerte de encontrar trabajo tiempo completo en un bazar. Pero como se anotó en la Universidad Nacional de La Plata para estudiar periodismo, a principios de febrero le apareció la oportunidad de trabajar menos horas en una librería y la aprovechó para dedicarle más tiempo al estudio. Recuerda como si fuera hoy el día que estaba en el depósito de la librería y escuchó desde una televisión lejana al Presidente anunciar la cuarentena: “Hasta aquí fue”, se dijo en sus pensamientos. Tuvo razón. No pasaron ni diez días para que lo despidieran.

–Cuando empecé, estaba el boom de las clases y se vendía más que de costumbre. Pero después bajaron las ventas, la gente no salía y el Gobierno decidió cortar las clases. En la librería quedamos en el aire, no iba casi nadie y por día se vendían dos o tres mil pesos. Después de que Alberto declaró el aislamiento obligatorio, me dijeron que no tenían cómo pagarme. Cobré el sueldo de marzo y desde ese momento quedé en el aire.

Rommel vive junto a su tía y otras dos personas en un departamento en La Plata. Por el momento, ella aporta el único ingreso en el hogar. Antes de su despido, este joven además de ayudar en los gastos de la casa, enviaba dinero “en forma religiosa” a su madre en Venezuela, pero no pudo hacerlo más: “Tomé una decisión que se me salió de las manos”.

Al no tener resuelta su situación migratoria en el país, no pudo acceder al IFE. En noviembre obtuvo su DNI de residencia precaria y debía comenzar a tramitar la temporaria, pero hasta que no se levante la cuarentena no podrá resolverlo. 

POR: FRANCO PÉREZ