POR EVELYN IRUPÉ MACIEL
El viernes 4 de septiembre por la madrugada, el presidente Alberto Fernandez estableció, por decreto, el cupo laboral del 1 % de los puestos de trabajo del sector público para personas travestis, transexuales y transgénero. Conversamos con Paola Quiroga, activista de Ciudadanas Trans de Bahía Blanca; Thiago Galván, secretario de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente de Todos e impulsora de la Ley de Inclusión Laboral Formal Trans Lohana Berkins.
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El decreto 721/2020 contempla, además de la reserva de puestos laborales, la finalización de los estudios y la posterior capacitación para el puesto solicitado, la creación de un registro único de aspirantes, capacitaciones del personal para asegurar la inclusión de las personas trans en el ambiente de trabajo y prohíbe el despido injustificado de otros trabajadores.
—Nos movilizó bastante, logramos algo importantísimo— dijo Paola Quiroga, activista trans, y contó que se enteró mediante un mensaje de sus compañeras. Para ellas, activistas de su ciudad y de otros lugares, era la noticia del momento. —Tener un cupo laboral trans significa que estamos avanzando, despacio, pero estamos avanzando—.
LA LUCHA POR EL CUPO LABORAL
En noviembre de 2006 se elaboraron en Indonesia los Principios de Yogyakarta, un documento sobre la aplicación de los Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidades de género, que establece una serie de recomendaciones a fin de evitar abusos y proteger a la comunidad conformada por Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros, Intersex, Queer y más (LGBTIQ+), y que afirma que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”.
Actualmente, existen al menos once proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados que buscan garantizar la reserva de puestos laborales, en instituciones estatales y/o privadas, de entre el 1 % y 2 %, para personas trans que reúnan las condiciones de idoneidad para el puesto; junto a propuestas que mejoren sus oportunidades.
Gabriela Estévez, diputada cordobesa por el Frente de Todos, presentó, en marzo de este año, el proyecto de Inclusión Laboral Formal Trans Lohana Berkins, que cuenta con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. Su iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados por tercera vez, tras perder estado parlamentario en 2016 y 2018 y lleva este nombre en honor a la activista travesti e impulsora de la Ley de Identidad de Género, Lohana Berkins, quien falleció en 2016.
Los proyectos se encuentran en carrera para ser sancionados como ley y, a pesar de pertenecer a distintos bloques parlamentarios, todos tienen varios puntos en común: la creación de un registro único de solicitudes de empleo para personas travestis y trans, prohibir la sustitución o el despido injustificado de trabajadores con el objetivo de cumplir con el cupo, crear programas de sensibilización y concientización sobre cuestiones de identidad de género y orientación sexual y capacitaciones laborales.
—Lo que tenemos es la voluntad política de que todos esos proyectos puedan confluir en un solo dictamen, para llegar con la fuerza suficiente al recinto y que podamos conseguir la media sanción—afirmó la diputada Gabriela Estévez a Revista Sendero.
El proyecto de Ley de Inclusión Laboral Formal Trans Lohana Berkins, declara en su Artículo 6º “la emergencia laboral en la población de personas trans y travestis de la República Argentina”. Foto: Facebook Gabriela Estévez
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—La mayoría de las personas trans han sido expulsadas del sistema educativo —y también de la familia— que es requisito sine qua non para poder acceder a un trabajo, tanto en el sector público como en el privado —señaló Estévez.
Thiago Galván, secretario de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, manifestó que contar con contratos que garanticen incorporaciones efectivas e inmediatas una vez finalizadas las capacitaciones es muy importante, “porque sino se vuelven a repetir políticas que ya hemos vivido, donde nos prometen capacitarnos en algunas cosas, pero eso después nunca deviene en un trabajo formal”.
—Algo que nos parece fundamental para que esto funcione es que se modifique la Ley de Contrato de Trabajo, que a este año, todavía, no tiene ningún apartado donde se prohíba el despido por discriminación por identidad u orientación sexual. Si vamos a exigir un cupo, una reserva de trabajo, tiene que ir acompañado de muchas otras cosas —expresó Galván sobre el proyecto de ley Lohana Berkins, a Revista Sendero.
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¿QUÉ DICEN LOS NÚMEROS?
La mayoría de los datos actuales relacionados con la población trans provienen del trabajo de organizaciones de diversidad sexual en conjunto con los municipios o provincias. Para Thiago Galván, secretario del Área de Identidades Trans/Travestis/No Binaries e Intersex de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, la representatividad de las realidades provinciales o locales es fundamental para proponer proyectos de ley, políticas públicas o asistencias que se adecúen a cada situación, ya que tanto los escenarios como los recursos y las violencias experimentadas por las personas trans son distintas “aunque coinciden todas en algún punto, a veces se recrudecen mucho en algunos territorios”.
Entre las encuestas realizadas por el Estado, se destaca la primera encuesta sobre población trans, concretada en 2012 por el INDEC y el INADI, a modo de prueba piloto en el municipio de La Matanza. Los datos que arrojaron persisten hasta hoy: un 91 % de la población trans no cuenta con un trabajo registrado, más de la mitad de la comunidad sufrió violencia por parte de las fuerzas policiales y el 82 % de ellas atribuye la dificultad de acceder a un empleo a la discriminación por identidad y/o expresión de género.
Muchas veces, el estigma, la discriminación y el prejuicio hacen difícil la tarea de recolección de los datos y los resultados se encuentran sujetos a la predisposición de quienes participan. Estas circunstancias fijan la esperanza de vida promedio de una persona trans entre los 35 y 40 años. Además, de acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, las mujeres trans son quienes más sufren crímenes de odio. En el informe semestral de 2020, se indica que el 78% de las víctimas de estas violencias fueron mujeres trans y el 2% varones trans.
Identidades de las víctimas de crímenes de odio. Fuente: Observatorio de Crímenes de Odio LGBT. Informe semestral 2020.
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En el mismo relevamiento de 2012, el 45 % indicó que ejercía el trabajo sexual o que lo había hecho en algún momento de su vida. La exclusión suele comenzar en la adolescencia para la mayoría de les integrantes de esta comunidad, cuando son expulsades de sus hogares, y la discriminación les lleva a dejar las instituciones educativas y sus espacios laborales son relegados al trabajo sexual o trabajos informales.
Si hablamos de prostitución, entre mujeres y feminidades trans, asciende al 85 %. Más del 70 % de ellas indicaron que buscan otra fuente de ingresos. Paola Quiroga, activista de Ciudadanas Trans de Bahía Blanca, contó a revista Sendero, que la mayoría de las chicas trans han ejercido el trabajo sexual de manera impuesta.
Con la sanción de una ley de inclusión o cupo laboral para personas trans, las siguientes generaciones contarían con un futuro más amplio de posibilidades en el que podrán elegir de qué quieren trabajar y dónde quieren hacerlo.
EL CUPO LABORAL ANTES DEL DECRETO
Previo a la publicación del decreto 721/2020, en varias provincias y en alrededor de 45 localidades en todo el país, como Luján de Cuyo, Tres de Febrero y Río Grande, se aprobaron leyes, ordenanzas e iniciativas que contemplan la inclusión o la reserva de puestos de trabajo para personas travesti trans.
La provincia de Buenos Aires fue la primera en aprobar la Ley de Cupo Laboral Trans el 17 de septiembre de 2015, pero fue implementada recién en 2019. Desde entonces, se sumaron Chubut (2018), Río Negro (2018), Chaco (2018) y Santa Fe (2019).
Algunas universidades también comenzaron a implementar el cupo en sus instituciones. La primera fue la Universidad de Mar del Plata, en 2017, y le siguieron las universidades de La Pampa, Comahue y Tierra del Fuego. En 2019, la Universidad de Rosario aprobó el cupo laboral travesti-trans, que tiene como objetivo incorporar un 5 % o al menos tres personas por año, en áreas de rectorado u otras unidades académicas.
La diputada Gabriela Estévez destacó que son antecedentes importantes, pero que en la mayoría de esos lugares la ley no se aplica. —Eso es algo por lo que hay que seguir peleando —destacó y comentó que en la ciudad cordobesa de Bell Ville, una profesional de la salud, y primera mujer trans en ingresar por el cupo, que trabajaba para el municipio, fue despedida en contexto de pandemia, a pesar de que los despidos sin justificación fueron prohibidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/2020.
Para Thiago Galván, secretario de la Liga LGBTIQ+, estas iniciativas “muestran que no es imposible y que no es algo que no puede hacerse o reglamentarse. Recaen casi exclusivamente en la voluntad política”. Con la aprobación del decreto presidencial, el deber y la responsabilidad de cumplirlo, queda absolutamente en manos de los organismos estatales de cada lugar.
EL REGRESO A LA AGENDA
El 23 de junio, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó la primera reunión informativa donde se comenzaron a discutir los proyectos de ley sobre el acceso al trabajo de las personas travestis y trans. La reunión fue presidida por Mónica Macha, diputada Nacional por Frente de Todos, y convocaron a referentes de distintas organizaciones LGBTIQ+, como Say Sacayán, Daniela Candelaria Sajama, Karin Tuma y Claudia Vásquez Haro; quienes en ese espacio contaron sus vivencias y sus demandas.
—Es importante que se pueda escuchar desde la voz de las personas que tienen que transitar esto a lo largo de su vida. Muchas veces se habla desde lo que uno cree que puede llegar a ser. Escucharlo desde la voz de les protagonistas, me parece que es un muy buen comienzo para la discusión de este proyecto de ley —afirmó la diputada Gabriela Estévez, una de las participantes de la reunión. “Nuestras expectativas son que se sigan promoviendo estos espacios de debate”, agregó Thiago Galván sobre la reunión informativa.
Paola Quiroga expresó a Revista Sendero que, además de las reuniones en Diputados, varias organizaciones de todo el país estaban reclamando por el cupo laboral y la sanción de una ley de trabajo para personas trans. —En algún momento tenía que hacerse—, dijo sobre el decreto y usó varias veces la palabra —ansiosas— para describir cómo se sentían junto a sus compañeras respecto a las reuniones informativas.
Karin Tuma, secretaria de la Liga de las Provincias LGBTIQ+, durante la reunión informativa. Fuente: YouTube/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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UN CAMINO QUE CONTINÚA
Argentina ha sido pionera en materia de derechos para la comunidad LGBTIQ+: en 2010 fue el primer país de América Latina en sancionar la Ley de Matrimonio Igualitario, y en 2012, con la Ley de Identidad de Género, se estableció que cada persona puede ser inscripta en su DNI con su identidad de género autopercibida/elegida, además de garantizar el acceso a la atención sanitaria y tratamientos de adecuación de género e identidad.
En 2019, el INDEC anunció que los formularios del Censo 2020 contarían con categorías de ‘sexo’ e ‘identidad de género’, lo que permitirá recolectar datos importantes para comenzar a cubrir las necesidades y continuar con uno de los objetivos del decreto: reparar los derechos de las personas trans que históricamente han sido dejados de lado.
Allá por 2012, en una nota publicada en Página/12, Diana Sacayán, activista trans y otra de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género, escribió que “hay un contexto que permite hoy estar como estamos”. Eso fue lo que pasó este año: en un contexto que exigía de manera urgente la conversación, la experiencia de les protagonistas fue la clave para dar el primer paso con el decreto. Lo que viene, es que el decreto se transforme en una ley integral, que contemple más oportunidades, un ambiente seguro y una efectiva inclusión y permanencia de las personas trans en los ámbitos laborales.
Los derechos no deberían ser privilegios. Este es un pequeño paso que deja claro eso y que nos dirige hacia una sociedad (un poquito) más justa e igualitaria. Aunque hacen falta avances en muchos otros ámbitos, el establecimiento del decreto que contempla un derecho tan esencial como el trabajo para un sector históricamente marginado y vulnerado de la sociedad, llega justo para comenzar a abrir un camino que no tiene final.
POR EVELYN IRUPÉ MACIEL